Viernes 13 Diciembre 2019

La paja en el ojo ajeno

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Paja ojo ajenoEn otro lugar[1] nos servíamos, entre otros, de un artículo del novelista superventas Arturo Pérez Reverte, titulado “Maestras con hiyab y otros disparates” y que apareció en su columna Patente de corso de XL Semanal (5-11/III/2017)[2], al objeto ilustrar un poco el prolijo discurso islamófobo del ecosistema mediático en el Estado español. El texto, entre otras cosas, se lamentaba de que “en poco tiempo esas profesoras con la cabeza cubierta estarán dando clase a niños pequeños de ambos sexos. También a niños no musulmanes, y eso en colegios públicos, pagados por ustedes y yo […] mostrándose ante sus alumnos, con [...] un símbolo inequívoco de sumisión y de opresión del hombre sobre la mujer [...] en esas aulas de las que, por fortuna y no con facilidad, quedaron desterrados hace tiempo los crucifijos”, lo que presuntamente corrompería “la visión que esos jovencitos tendrán sobre los valores de la cultura occidental, desde los filósofos griegos, la democracia, el Humanismo, la Ilustración y los derechos y libertades del Hombre –que el Islam ignora con triste frecuencia–, hasta las más avanzadas ideas del presente”.

No es objeto del presente análisis, por cuestiones de espacio, hacer un compendio del progresivo aumento de agresiones racistas contra personas musulmanas en el subcontinente europeo como consecuencia de este tipo de estigmatización sociomediática (Es.abna24.com, 4/IV/2017[3]; Lasexta.com, 7/IV/2017[4]; Europapress.es, 25/IV/2017[5]), abordar el consiguiente empeoramiento de las condiciones de vida de este colectivo en dicha región del globo (Elpais.com, 14/III/2017[6]; Seta, 2016; Weichselbaumer, 2016) o examinar en detalle la fabulación mitológica eurocéntrica propia de la narrativa histórica subyacente a la invectiva del escritor bestseller (Adlbi Sibai, 2012: 60-63 y 2016: 134-127; Bravo López, 2010: 193; Martín Corrales, 2004: 40; Desrues, 2008: 24; Césaire, 2006: 21-22, 37-38; Amin, 1989: 28-34, 39-40, 62, 76-77, 82-83, 86-92, 101, 109; Medina Molera, 2008: 6; Bernal, 1993: 11-12, 30, 54; Hobson, 2006: 29-30, 45, 64-65, 145-165; González Ferrín, 2007: 91-93; VV.AA., 2007; Garaudy, 2006: 79-81; Grosfoguel, 2011: 348 y 2013: 42-43). No obstante, introduciremos aquí algunos elementos que nos permitan calibrar en qué grado los sectores que difunden ideología hegemónica proyectan en lo que construyen como el otro los mismos rasgos que no reconocen para sí.

A principios de mes los partidos PP y Vox firmaban un acuerdo para que el candidato del primero fuera investido presidente del Gobierno autonómico cuyo punto vigesimonoveno declaraba que “La Junta de Andalucía colaborará con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico”[7], redacción contra cuyo contenido en sí difícilmente alguien puede estar en contra pero del que de modo implícito puede inferirse que, uno, no existe una versión fundamentalista de otros credos (dado que la islámica es la única nombrada expresamente) o, dos, las corrientes extremas de las demás confesiones no suponen ninguna “amenaza” (por el mismo motivo) y por tanto no constituyen motivo de preocupación, lo que, en suma, asocia en la mente del electorado los campos semánticos de las dos últimas palabras del enunciado, sustantivo y adjetivo (“fundamentalismo islámico”).

Si examinamos el correspondiente a la primera, generalmente suele entenderse por fundamentalismo aquella corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literal de sus textos sagrados o fundacionales por encima de toda exégesis contextual, o bien la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o práctica establecida ante la cual ninguna otra autoridad puede invocarse y que incluso debería imponerse sobre las leyes de las sociedades democráticas[8]. Cuesta dejar fuera de este concepto, especialmente del último de dichos supuestos, la reflexión difundida por La Vanguardia el 13/XI/2004 y pronunciada por el cardenal Fernando Sebastián, por entonces vicepresidente de la Conferencia Episcopal, en el sentido de que “«A la hora de gobernar no pueden ser las mayorías o las encuestas los últimos criterios para decidir lo que es bueno y lo que es malo, sino los criterios morales objetivos, aceptados y aplicados por una conciencia recta, junto a la ponderación prudente de las circunstancias sociales»” (cit. en Navarro López, 2006: 190), postulado al que añadió que la Iglesia era la autoridad delegada en Dios para definir lo que es bueno y lo que es malo. “Se puede deducir de ello que tales autoridades desean que la Iglesia española sea la que dicte el bagaje ideológico y moral de las políticas públicas del Estado español, tal como ocurrió durante la dictadura” (ibid.). En el marco de un congreso de la Conferencia Episcopal celebrado por aquellas fechas, el presidente a la sazón de dicha institución, Antonio María Rouco Varela, anunciaba en la misa correspondiente que “«Sí, llegará el día ardiente como un horno, en el que los malvados y perversos serán la paja, en el que no quedará de ellos ni rama ni rastro; pero, en cambio, a los que honran el nombre de Dios los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas»”, al tiempo que exhortaba a los fieles a ser “«Testigos de Jesucristo y de su evangelio, y de nadie y de nada más»” (Elpais.com, 15/XI/2004[9]). “Esta frase reproduce un fundamentalismo preocupante, motivado por la percepción errónea de que la Iglesia está hoy perseguida en España” por determinados gobiernos cuando estos introducen “algunas reformas (como […] legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo) que antagonizan a las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica española” (Navarro López, op. cit.:190).

Para Pérez Reverte parece ser más atentatorio contra la laicidad estatal o las libertades individuales en materia educativa la presencia de una maestra con pañuelo en la cabeza en "esas aulas" en las que se supone que "quedaron desterrados hace tiempo los crucifijos" que la instauración oficial, por ley, "en colegios públicos, pagados por ustedes y yo" (por seguir citando sus palabras), de catequistas católicas/os. De entrada, la afirmación de que en las aulas de centros de enseñanza públicos del reino de España "quedaron desterrados hace tiempo los crucifijos" no es cierta en absoluto, como de hecho le consta personalmente a quien escribe estas líneas en su condición de profesor de secundaria, al igual que tampoco ha sido eliminada la profusión de simbología católica, ni en las propias aulas ni en los pasillos de los centros escolares, amén de las actividades relacionadas con la catequesis como concursos de citas bíblicas para celebrar el Día (institucional) de Andalucía o el reparto masivo entre el alumnado de reproducciones de embriones de plástico a tamaño natural como recurso didáctico al efecto de difundir la doctrina antiabortista; episodios de los que también hemos tenido experiencia directa.

Antes hacíamos mención al acuerdo de investidura entre PP y Vox para que este último partido apoyara la investidura como presidente de la Junta de Andalucía del candidato del primero, Juan Manuel Moreno Bonilla. Las exigencias en materia educativa expresadas en tal documento fueron “Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones” (punto trece), “Eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo” (punto catorce) y “Garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada. Habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato en la educación concertada, así como fomentar el Bachillerato Internacional” (punto quince). El pasado 16 de enero, día del debate de investidura, retransmitido en directo como es lógico por la RTVA, el portavoz de Vox, Francisco Serrano, declaró en el minuto 11:32 de su primera intervención, condimentada con alguna cita evangélica y emitida en una impoluta dicción vallisoletanizada[10], representar a votantes “cansados del adoctrinamiento ideológico de sus hijos y que apuestan por una educación acorde a sus propias convicciones morales, religiosas y filosóficas, tal y como también proclama nuestra Constitución, una educación unitaria y homogénea en todo el territorio” estatal. Pero ¿cómo interpretar un mensaje cuya preferencia apunta a una educación a la carta al principio del enunciado y sin embargo aboga al final por el café para todos? ¿A qué adoctrinamiento ideológico se refiere? ¿Debe entenderse que las “propias convicciones morales, religiosas y filosóficas” quedan fuera de la ideología? La respuesta a Serrano de Juan Manuel Moreno, el candidato del PP, fue la siguiente[11] en el minuto 16:36:

<< Es verdad que parece que defender nuestras costumbres ahora es rancio. Hombre, es que defiende uno las costumbres… «Es usted un rancio». ¿Por qué soy un rancio? ¿Por qué, porque quiero proteger el legado y el patrimonio social, cultural, histórico y familiar de muchos años? Es que ahora parece que defender la libertad de educación es retrógrado. Oiga, pues será. ¿Por qué es retrógrado defender la libertad para que un padre o una madre pueda decidir sobre la educación de sus hijos sin que ningún burócrata se lo imponga? ¿Pero por qué va a ser retrógrado? ¿Por qué va a ser retrógrado? ¿Por qué va a ser retrógrado? >>

Cinco días después, Adolfo Suárez Illana, presidente de la fundación del PP Concordia y Libertad y coordinador de la convención de su partido celebrada el fin de semana siguiente, declaraba a Las mañanas de RNE (21/I/2019): “nosotros hablamos de ser liberales, de devolver a los ciudadanos […] el poder a la hora de decidir dónde quieren y cómo quieren educar a sus hijos”[12] (minuto 1:54).

Así pues, estamos hablando de libertad (“ser liberales”, “Garantizar la libertad educativa”, “garantizando la libertad de los padres para escoger”, “defender la libertad de educación”, “defender la libertad para que un padre o una madre pueda decidir”, “decidir dónde quieren y cómo quieren educar a sus hijos”) frente a un presunto “adoctrinamiento ideológico” impuesto por un “burócrata”. De nuevo nos encontramos, tal como veíamos más arriba, frente al rasgo propio del fundamentalismo consistente en la supremacía de la aplicación estricta de una doctrina, aquella en que se basan las “propias convicciones morales, religiosas y filosóficas”, y las prácticas institucionales, las cuales suponen, a juicio de los firmantes, “injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos”. ¿Por qué se formulan estas demandas? En relación con el documento firmado por PP y Vox (Hijano del Río, 2019),

<< Lo que no sostiene ese texto es que el concepto de libertad, en el amplio sentido de la palabra, debe ser llevado a la práctica acompañado por el de igualdad. Es decir, la libertad –de enseñanza, en este caso– está condicionada por la situación socioeconómica de las familias a la hora de ejercerla. ¿Si eliminamos las zonas, todas las familias andaluzas seríamos más libres a la hora de elegir centro? La respuesta es negativa, porque las familias elegimos desde un contexto de partida desigual: las familias donde ingresan mensualmente, por ejemplo, 10.000 euros, son mucho más libres a la hora de elegir un colegio para sus hijos/as que aquellas otras donde solo se ingresan –en precario y a duras penas– no más de 600 euros. Es decir, en el sistema económico hoy existente, las medidas encaminadas a dotar de “más libertad” benefician a aquellas rentas más altas, porque al poseer una cuenta más abultada, disponen de más opciones, de más oportunidades. La consecuencia más inmediata se puede intuir fácilmente: el incremento de las desigualdades. >>

Partamos de hechos como las cuantiosas subvenciones a los centros educativos privados, en su inmensa mayoría pertenecientes a la Iglesia católica, a costa del presupuesto de los colegios e institutos públicos (en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía para 2017, el incremento para la enseñanza privada subvencionada fue del 2,7% frente al exiguo 0,28% de la pública[13]). O que el Estado español sea uno de los de la Unión Europea con menos escuela pública y más privada subvencionada con fondos públicos (la eufemísticamente llamada «concertada»), de la que el 60% de las plazas pertenecen a la Iglesia católica (Eldiario.es, 16/III/2017[14]). O que, contraviniendo lo expresado por el Artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, según el cual "la enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica", multitud de colegios públicos andaluces se plieguen año tras año a los grupos de presión católicos y organicen procesiones infantiles cuando llega la Semana Santa (Kaosenlared.net, 10/IV/2017[15]). Y es que, contra lo declarado por el citado artículo estatutario, y por lo que se desprende de todos estos y otros hechos, el Estado español no es realmente aconfesional sino criptoconfesional; en otras palabras, confesional de facto.

El preocupante nivel educativo en el Estado español, uno de los más bajos de la Unión Europea, solo semejante al de Grecia y Portugal, como resultado histórico de haber sufrido regímenes totalitarios fascistas o semejantes caracterizados por una mínima sensibilidad social y una cultura social profundamente conservadora de orientación cristiana (Navarro López, op. cit.: 66-67, 79), tiene como factor determinante el bajo gasto público en educación, debido, a su vez, a la gran extensión de la escuela privada, dado que realmente la calidad educativa de un territorio depende en último término de su escuela pública, al no requerir la privada que su gasto para estar por encima de la pública sea muy alto allá donde el de esta última es bajo. Según los informes PISA de la OCDE el reino de España, donde la escuela se convierte en institución clave de reproducción de la polarización social, es uno de los Estados donde la clase social determina en mayor medida las posibilidades educativas de las y los jóvenes. En relación con la escuela privada (p. 69),

<< ningún otro Estado de la UE tiene un porcentaje tan elevado de estudiantes en dicho sector, el cual sirve, por lo general, a los niños y jóvenes procedentes de familias burguesas, pequeña burguesía y clases profesionales de renta media alta (que representan el 30-35% de la población), mientras que la pública sirve a los niños y jóvenes de las clases medias de renta media y media baja y a la clase trabajadora (que representan el 65-70% de la población). Las primeras tienen más recursos que las segundas, pues suman los subsidios públicos a las aportaciones privadas. A pesar de que en teoría estas escuelas privadas, llamadas concertadas, son también parte del sistema público –y reciben subsidios públicos–, en la práctica no lo son, pues no son gratuitas, seleccionan a los alumnos, discriminando a los hijos de los inmigrantes, que se concentran en las escuelas públicas, y no están integradas por tanto en el sistema público […]. España, que […] tiene uno de los gastos públicos en educación más bajos de la UE-15, tiene en cambio uno de los gastos privados en educación más altos: 0,60% del PIB, comparado con el 0,36% del PIB en la UE. Las clases altas y media altas en España se desligan de la escuela pública por creer que tienen su problema resuelto y no ejercen su considerable influencia política –que se realiza a través de los medios de información y de los partidos políticos– para que la situación cambie. >>

Esta polarización educativa, que lleva aparejado el trasunto de la polarización social, se encuentra reproducida en la propia Constitución española en su referencia expresa a los dos tipos de escuelas, pública y privada, a diferencia, por ejemplo, de la francesa (Navarro Estevan, 2003: 71). Es bien sabido que la escuela privada pertenece en su mayoría a la Iglesia. La jerarquía eclesiástica, que jugó una excepcional importancia en el proceso de redacción de la Constitución española de 1978 aduciendo su contribución en los últimos años del franquismo a la liberalización de este y, más tarde, a la llamada Transición, presionó a las fuerzas parlamentarias para que admitiesen sus exigencias básicas en el texto constitucional. No quería que se recogiese que el Estado era no confesional y reclamaba un reconocimiento nominal de la significación en el reino de España de la Iglesia católica. Tan solo tres días después de que fuera filtrado a la prensa el borrador de Constitución (esto último ocurrió el 22 de noviembre de 1977), el secretario general de la Conferencia Episcopal a la sazón, Elías Yanes, censuró en el Club Siglo XXI que en dicho borrador se mencionara expresamente a los partidos políticos, los sindicatos u otras modalidades de asociaciones o instituciones y no a la Iglesia católica, lamento que se formulaba como si esta fuera un organismo estatal, o como si al hablarse de los sindicatos o partidos se hubiera nombrado expresamente a los mayoritarios y «a los demás», procedimiento redaccional que sí acabaría dándose para el campo religioso en el texto definitivo, el cual en su artículo 16.3 establece que “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”[16]. Justo al día siguiente de la jeremiada obispal (o sea, el 26 de noviembre), el Episcopado, que acababa de celebrar su XVII asamblea, exponía sus condiciones para aceptar la Constitución: dicho reconocimiento de la Iglesia católica como superior a las demás religiones, «estabilidad de la familia» (contra el divorcio), defensa «de la vida humana» (es decir, del feto) y «derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos» (o sea, de los centros privados a recibir financiación estatal). Obviamente, todas fueron aceptadas (op. cit.: 123-124) y el artículo 27.3 declara que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”[17]. De este modo (pp: 126-127),

<< A la Iglesia aún le quedaba por ganar la gran batalla. La de la enseñanza. Es en este campo donde tenía que defender su hegemonía ideológica y moral. Y muchos intereses económicos. […] Al final, el artículo 27 de la Constitución quedó como un recosido en el que los intereses eclesiásticos y de la enseñanza privada sobresalían notablemente. […] su botín educativo fue inmenso. De hecho, la Constitución española, juntamente con la irlandesa, constituye en este campo una excepción en el Derecho constitucional europeo. La Constitución italiana, por ejemplo, consagra la libre creación de escuelas siempre que no supongan una carga financiera para el Estado. >>

Pero casi nadie sabía que la Iglesia católica obtendría además una serie de concesiones económicas, fiscales y educativas muy importantes. Por ejemplo, que “la Iglesia Católica española […] recibe un subsidio del Estado, pagado por creyentes y no creyentes, por una cantidad de 3.626 millones de euros, cantidad, por cierto, que sería suficiente para proveer escuelas públicas de infancia de 0 a 3 años a todos los niños y niñas españoles que carecen de ellas” (Navarro López, ibid.), o de que Hacienda sustrae del IRPF 250 millones de euros al año que van a parar a la Conferencia Episcopal (Nuevatribuna.es, 7/IV/2017[18]), cantidad que supone un aumento sostenido si tenemos en cuenta que en 2003 fueron 136 millones (Navarro Estevan, op. cit.: 131).

El botín legislativo de la Iglesia católica encontraría un segundo capítulo que iba a significar una reforma de facto de la Carta Magna aún caliente, ya que siete días después de la promulgación del texto constitucional se iban a firmar unos Acuerdos con el Vaticano que incluían lo relativo a la enseñanza. Se trataba de una óptima solución criptoconfesional del derecho a la educación con cuatro bases esenciales: la libre creación de centros, su libre gestión, el derecho de los progenitores a elegir el tipo de educación para sus hijos e hijas y la financiación pública del tramo obligatorio de enseñanza aunque se curse en instituciones privadas. A ello se sumaba la concesión a la jerarquía eclesiástica de la facultad, al margen de la ley o contra la ley, de designar a su antojo al profesorado de religión (o sea, de catequesis) en la enseñanza pública, así como de prorrogar o no su contrato laboral si la persona elegida no daba testimonio de vida cristiana (lo que ha motivado la expulsión de docentes que cometieron el enorme delito de casarse por lo civil); por si algo faltaba, cierto profesorado anónimo ha confesado que el colectivo en su conjunto es obligado a pagar determinadas regalías a la Iglesia con sus miserables sueldos (ibid.: 127-132).

Más allá del estricto campo de la enseñanza, el propio ámbito mediático evidencia que la supuesta laicidad en el Estado español (reivindicada por Pérez Reverte en su artículo) dista de ser una realidad, hecho en el que no es precisamente la confesión musulmana su principal obstáculo. Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión mantienen en sus respectivas escaleta y parrilla varios programas de la Iglesia Católica, financiados por la RTVA (verbigracia, por las y los contribuyentes), de cuya plantilla forman parte varios sacerdotes con salarios fuera de convenio para su elaboración. Los contratos laborales los hace y los paga la RTVA, aunque los sacerdotes son designados por los obispos. Tras la jubilación de este personal religioso, esa actividad se realiza mediante contratación de servicios, pagados por el ente autonómico. El Contrato Programa estimaba en unos 800.000 euros el costo anual de los programas religiosos en Canal Sur Televisión, cantidad muy cercana a la dedicada a la programación infantil y juvenil. De Canal Sur Radio no hay datos, aunque consta que hay dos sacerdotes en la plantilla del Centro Provincial de Granada y uno en la del de Málaga (Laicismo.org, 16/III/2017[19]).

La presencia de programación confesional católica en Canal Sur, en realidad, no es más que una traslación a lo autonómico de la que caracteriza desde sus orígenes a Radiotelevisión Española. Hace menos de un mes, el domingo 30/XII, La 2 retransmitió, dentro de su espacio dominical El Día del Señor, la última misa del año pasado desde San Fernando de Henares, Madrid, oficiada por el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, famoso por sus exabruptos de corte ultrarreaccionario representativos de las versiones más conservadoras y regresivas del catolicismo (confesión, por otra parte, que, como cualquier otra, alberga interpretaciones variadas, algunas de ellas marcadamente más progresistas y en clara oposición ideológica en diversos aspectos a la línea oficial de la cúpula episcopal). En esa ocasión, el prelado aprovechó su homilía para dibujar su particular versión de las diez plagas de Egipto describiendo un escenario apocalíptico originado por la homosexualidad, los anticonceptivos, las leyes del divorcio y el aborto o a las personas extranjeras como presuntos causantes de problemas como la atomización social, el desamparo y soledad de las personas ancianas, la falta de amor en las familias, el descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población o la violencia contra las mujeres, así como abogó por el mantenimiento de la financiación pública a la educación privada en centros católicos, a la que nos acabamos de referir. Así, en el minuto 26:14 Reig Pla, en la misma línea de los altos cargos de la Conferencia Episcopal cuyas manifestaciones reproducíamos más arriba, promueve la aplicación estricta de una doctrina ante la cual ninguna otra autoridad puede invocarse y que debe ser impuesta sobre las leyes del Estado formalmente democrático[20]: “El matrimonio entre esposo y esposa es, por tanto, una institución pública anterior al Estado y merece el favor del derecho y la tutela de las leyes. Este favor del derecho no es ningún privilegio sino que le corresponde al matrimonio como institución pública, ya que por medio de él se origina tanto la socialidad como la misma sociedad”: a pesar de la excusatio non petita, accusatio manifesta (“Este favor del derecho no es ningún privilegio”), en resumidas cuentas, una expresión que aboga por la supremacía legal del matrimonio heterosexual sobre los demás.

Más adelante, en el minuto 26:50, el arzobispo de Alcalá de Henares aprovecha su homilía retransmitida con el dinero de creyentes y no creyentes para abordar su postura en el terreno de la enseñanza a favor, lógicamente, del mantenimiento del statu quo educativo en el Estado español, que hemos estado analizando, en clave igualmente fundamentalista donde es este último el que debe plegarse a los criterios morales de un sector de la población en forma de subsidio estatal a la escuela privada. A pesar de la habitual retórica eufemística del discurso episcopal, la raíz común del término “subsidiariedad” es transparente:

<< La familia es una realidad soberana, a la que le corresponden una serie de deberes y derechos. Entre ellos hay que destacar […] su derecho inalienable y originario […] a educar a sus propios hijos según sus convicciones y creencias. La educación de los hijos le [sic] corresponde a los padres y nadie puede arrebatarles este derecho o deber, ni siquiera el Estado, quien, por el principio de subsidiariedad, está obligado a cooperar y ayudar a los padres en la tarea de la educación. >>

Un minuto después, el oficiante traza un desarrollo de sus preceptos básicos en torno a la unidad familiar que derivará a una suerte de análisis sociológico low-cost:

<< Dos individuos no diferenciados sexualmente suman sus dos individualidades según sus deseos. Sin embargo, en la diferencia sexual hay una realidad indisponible que va más allá de los deseos individuales. Se trata, como hemos dicho, de la complementariedad sexual que da origen a la socialidad como riqueza de patrimonio de humanidad y de la procreación, que da origen a la sociedad y la enriquece con el don de los hijos. De ahí la malicia de la anticoncepción, que reduce la unión conyugal a los simples deseos de los cónyuges y que fue rechazada por San Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae cuyo cincuentenario estamos celebrando. Todo ello nos hace comprender que el matrimonio entre el varón y la mujer, origen de la familia, que con los hijos crea la primera comunidad humana, es un pilar irrenunciable que sostiene la sociedad y si se debilita este pilar es toda la sociedad la que decae [en ese momento la realización del programa ofrece planos sucesivos de dos feligresas con sus respectivos hijos]. Negar la diferencia sexual y la importancia del matrimonio y la familia es optar por una sociedad atomizada de simples individuos. Esta por carecer de los vínculos naturales propicia la soledad y el desamparo de las personas, especialmente de la vida naciente, de los más débiles, enfermos o en la etapa final de la vida. Desgraciadamente, España, después de un largo proceso secularizador que está rompiendo los vínculos con Dios, con la tradición católica, con la familia y con el propio cuerpo, ofrece en estos momentos un panorama que no garantiza el bien común de la sociedad. Tampoco provee la protección de las personas en el campo específicamente humano, que es el amor paternofilial y el amor entre los hermanos propio de la familia como célula primera de la sociedad. Contra la belleza de esta familia están todos los embates de la llamada cultura de la muerte, que está debilitando el tejido social de la sociedad [sic] española. Si no cambia de dirección, España está abocada a ser un país envejecido. Cada año estamos perdiendo población y la natalidad es ya una natalidad en decadencia que nos encamina a un invierno demográfico severo. Desde la primera ley llamada de despenalización de la interrupción del embarazo más de dos millones de españoles no han llegado a nacer. Esto repercute también en las rupturas familiares. Son ya tres millones los matrimonios que se han roto en España desde la primera ley del divorcio. Esto mismo está creando también un clima de inseguridad entre los jóvenes ante el matrimonio que conduce a una creciente baja de la tasa de nupcialidad. Como resultado final de esta situación está la soledad en la que viven cada vez más personas. En España hay cinco millones de hogares donde vive una sola persona y de estos más de dos millones son mayores de sesenta y cinco años. >>

Más allá de su condena del “largo proceso secularizador”, esta diatriba contra los vínculos humanos no heterosexuales (al parecer, situados fuera del marco de los “naturales”, privados de la “socialidad” y la capacidad de ir “más allá de los deseos individuales”), así como contra la anticoncepción, el aborto o el divorcio puede, al cabo, tomarse como una legítima expresión doctrinal a la que toda persona o institución tiene obvio derecho, tanto como a achacar públicamente el “invierno demográfico” a dichos presuntos factores. Obsérvese, antes de realizar un comentario sobre esta última atribución, las conexiones retóricas entre la alocución de Reig Pla en su misa y la del portavoz de Vox en el debate de investidura del Parlamento de Andalucía, efectuada poco más de dos semanas después: algunos segundos tras el momento correspondiente al fragmento arriba transcrito, Serrano se identificó como representante de quienes “preocupados por el invierno demográfico, que tendría que ser una gran preocupación, apuestan por la defensa de la natalidad y de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.

No obstante, la consigna climatológica empleada por Reig Pla y reutilizada por Serrano merece una importante precisión: si más arriba aludíamos a que el Estado español, Grecia y Portugal tienen en común un gasto social muy bajo debido a haber padecido regímenes totalitarios fascistas o fascistoides caracterizados por una gran represión, insensibilidad y polarización social, así como una cultura social de orientación cristiana en sus versiones más conservadoras (Navarro López, op. cit.: 79; vid. supra), el escenario merced al cual “Cada año estamos perdiendo población y la natalidad es ya una natalidad en decadencia” (en las palabras de Reig Pla) se debe a motivos bien ajenos a las reflexiones de índole moral emitidas por el prelado. Así, esos tres Estados que pertenecen a dicha tradición tienen, junto con Italia, en cuyo territorio se encuentra inserto, por ende, el Vaticano, que goza allí de una preeminente influencia ideológica (de nuevo, Navarro López, misma obra: 81),

<< la fecundidad más baja del mundo (1,25 para España en 2002), y ello como consecuencia de las enormes dificultades que las jóvenes tienen para conseguir la autonomía que les permita formar una familia. En España, el elevado índice de empleo precario entre las mujeres de 16 a 30 años, el alto desempleo (el 15,9% de la fuerza laboral femenina en España se encontraba desempleada en 2003), la enorme escasez de viviendas de alquiler y sociales, que, a la vez, explica la gran dependencia de los jóvenes hacia sus padres (la edad en que los jóvenes dejan la casa de sus padres es de 30 años), y la falta de una red de escuelas de infancia y de servicios domiciliarios (con escasa ayuda por parte de los hombres) que permitan a las mujeres compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto personal, explica que retrasen formar una familia, y que cuando por fin la forman tengan menos niños. […] España tiene la fecundidad más baja de la Unión Europea de los quince y a ello contribuye la ausencia de los servicios de ayuda a las familias. >>

El bosquejo apocalíptico del arzobispo encuentra en el minuto 31:59 de la retransmisión de la misa otro de los males, la presencia en la sociedad de personas con otras culturas de origen: “La respuesta a una sociedad cada vez más violenta, incluida la violencia doméstica y la violencia a la mujer, no está en el debilitamiento de la familia, ni menos todavía en el propiciado multiculturalismo”.

Se trata de un discurso acorde con una de las fallas de las que adolece la escuela privada (mayoritariamente en manos de la Iglesia, como aclarábamos antes), caracterizada por una nula diversidad social en su alumnado, dado que (como igualmente explicábamos más arriba) más que ser realmente padres y madres quienes seleccionan tales centros son estos últimos quienes seleccionan al alumnado, lo que significa, obviamente, que desechan al de procedencia externa. Sin embargo (mismo autor, misma obra: 70-71),

<< estudios llevados a cabo recientemente en EE.UU. muestran que la falta de diversidad social en las aulas empobrece a los estudiantes, que, aislados de la diversidad social de su entorno, adquieren un conocimiento poco representativo del conjunto de la sociedad, favoreciendo un excesivo proteccionismo que obstaculiza el desarrollo emotivo y psicológico del alumno. En este sentido, la experiencia europea muestra que el mejor sistema educativo es el que se basa en la escuela pública para todas las clases sociales. Finlandia, por ejemplo, tiene una de las mejores escuelas de Europa, una escuela multiclasista que contribuye a diluir las rigideces sociales, con el porcentaje de estudiantes que asisten a la privada de sólo un 3%. De ahí la gran importancia de establecer una escuela pública única para todas las clases sociales, en la tradición laica republicana, que considere la escuela pública como la institución básica de integración social. >>

Efectivamente, en Finlandia, famosa por su liderato mundial en los rankings educativos al uso, es ilegal abrir una escuela y cobrar matrícula, lo que ha hecho prácticamente desaparecer la enseñanza privada. Las madres y padres no necesitan barajar listas de escuelas porque “La escuela del barrio es la mejor”, comenta la entonces ministra de Educación finlandesa, Krista Kiuru, en el documental ¿Qué invadimos ahora? de 2015, dirigido por Michael Moore. “No es distinta a la que, por ejemplo, puede estar en el centro de la ciudad, pues todas las escuelas en Finlandia son iguales. Cuando nos mudamos a una nueva ciudad, nunca nos preguntamos dónde queda la mejor escuela. Eso jamás se cuestiona”[21]. Un enfoque diametralmente opuesto, por tanto, al de las propuestas firmadas por PP y Vox de “Eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo”, “Garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada” e incluso ir más allá para, como pretenden, “Habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato en la educación concertada”. Son estas unas medidas encaminadas a la perpetuación de la polarización social y cultural del alumnado andaluz, cuya defensa puede ser explicada por el hecho de que el perfil del electorado de Vox, partido defensor de la privada subvencionada y privada a secas, correlaciona con un nivel socioeconómico medio y alto (Elpais.com, 11/XII/2018[22]). Las propuestas del Gobierno criptotripartito de la Junta de Andalucía que arranca, de ser anuladas y revertidas, por otra parte, permitirían a las generaciones futuras del segmento social que instiga a la opinión pública contra la población inmigrante y la religión islámica (a la que identifica con el fundamentalismo religioso) tomar conciencia del fundamentalismo religioso más operativo que realmente ejerce una influencia decisiva en las dimensiones legal y educativa en el Estado español; a saber, el de base católica de acuerdo con las versiones más ultraconservadoras de esa confesión, y que se corresponden con las coordenadas ideológicas de la Conferencia Espiscopal.

Baste como ejemplo adicional que Fernando Sebastián, el exvicepresidente de dicha instancia y autor de las declaraciones de corte netamente fundamentalista que recogíamos más arriba (cit. en Navarro López, op. cit.: 190; vid. supra), fue nada menos que quien negoció el sistema de financiación de la Iglesia católica a través del Impuesto sobre la Renta y la clase de religión con Alfonso Guerra, el entonces vicepresidente del Gobierno estatal del PSOE durante la década de los ochenta (Eldiario.es, 25/I/2014[23]). Un vicepresidente de un Ejecutivo que, por ende, evidenció, durante el trámite de despenalización parcial del aborto llevado a cabo en 1985 “la falta de coraje del Gobierno, temeroso de una virulenta reacción de los medios religiosos” ante una Ley con la que “las cosas quedaron a medio camino” ya que “Después de tantas promesas reiteradas, muchas mujeres podían ser perseguidas por verse obligadas a abortar”. De todas formas la timidez de la Ley no evitaría ni la contestación de las asociaciones religiosas más beligerantes ni la interposición, por parte del grupo popular en el Congreso de los Diputados, de un recurso previo de inconstitucionalidad contra ella cuya sentencia se saldó con un empate a seis votos, roto solamente por el voto favorable del presidente del Tribunal Constitucional a su licitud legal. “Aquí siempre se prefiere el fraude de ley. Extender el ámbito de las leyes mucho más allá de su contenido real. La solución que preconizaba Alfonso Guerra, a la sazón vicepresidente del Gobierno, era singular. Si había condenas por aborto, pondría a funcionar la «máquina de indultar». Era consciente de la injusticia de la ley, de la falta de coraje político para remediarla y de la necesidad de que nadie cumpliese su condena por un «delito religioso»” (Navarro Estevan, op. cit.: 133-134). Nada que ver tiene esta situación en materia de derechos reproductivos con la de Túnez, que también aparece en el documental al que hacíamos referencia ¿Qué invadimos ahora?, donde el aborto es legal desde 1973 y financiado por el Estado, lo cual, en conjunción con otras medidas, ha favorecido considerablemente la calidad de vida e independencia social de las mujeres[24]; un país, por cierto, de abrumadora mayoría musulmana que contradice el maniqueo bosquejo sobre el machista y retrógrado islam de cuya “amenaza” (por reproducir el léxico literal) pretenden salvarnos PP y Vox.

De caminar en el sentido contrario a los objetivos del tripartito, una escuela inclusiva e igualitaria sería la que permitiría a muchas personas tomar conciencia de todas las actitudes fundamentalistas, no solo de forma selectiva con algunas de ellas, lo que equivaldría a regirse (por remedar las citas bíblicas con que adoban su retórica los representantes de formaciones como Vox) según la conocida parábola evangélica en la que Jesucristo exhorta a no juzgar los defectos ajenos con un nivel de severidad similar al de la indulgencia con la que consideramos los propios: “¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: «Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo», tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano” (Lucas, 6: 41-42).

Manuel Rodríguez Illana

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